WASHINGTON.- El gobierno de Donald Trump impuso este jueves sanciones a nueve empresas estatales cubanas y a los tres principales directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva escalada de presión que ahora alcanza a la industria del níquel, al Ministerio de la Construcción y al sistema de contratación de mano de obra para empresas extranjeras.

El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Marco Rubio.

“El régimen cubano ha pasado décadas utilizando organizaciones fachada para infiltrarse, corromper y radicalizar a los estadounidenses. Hoy, estoy sancionando al liderazgo de ICAP, que es una de las organizaciones principales implicadas en estos esfuerzos —incluido el espía cubano convicto Fernando González Llort— y nueve entidades que sostienen y financian el aparato represivo del régimen”, declaró.

González Llort integró la red de espionaje cubana desmantelada a finales de los años noventa en el sur de Florida. Cumplió 15 años de prisión en Estados Unidos y fue deportado a Cuba en marzo de 2014. Actualmente preside el ICAP.

Junto a él fueron designados Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta del Instituto, y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica. El ICAP como institución ya había sido sancionado a principios de junio.

Rubio advirtió que “cualquiera que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionado también. Los bancos extranjeros y otras empresas que prestan servicios o mantienen fondos para estas entidades deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo”.

El Departamento de Estado relacionó las medidas con el informe publicado este mes titulado Cuba: The Capital of 21st Century Communism, en el que acusa a La Habana de exportar la revolución mediante brigadas de solidaridad y redes ideológicas.

Las designaciones se amparan en una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en mayo, que permite congelar activos y bloquear transacciones de individuos y empresas cubanas y extranjeras involucradas en represión o consideradas una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó en la red social X: “El Secretario de Estado de EE.UU. continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar nuestra economía e impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población, que de por sí se encuentran en una situación crítica producto del bloqueo”.

Las empresas sancionadas

El paquete apunta directamente al sector minero. Fue incluida la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, planta estatal en Moa, provincia de Holguín, que extrae y procesa níquel y cobalto. Es una empresa conjunta al 50% con Sherritt International Corporation, con sede en Toronto.

También fueron bloqueadas:

• MetalCuba, Empresa Importadora Exportadora y Comercializadora de Metales, que importa combustible especializado y componentes metálicos.
• Acinox Comercial, dedicada a importaciones y exportaciones de bienes metalúrgicos y equipos industriales.
• Geominsal, Grupo Empresarial Geominero Salinero, que desarrolla y comercializa recursos minerales y sal.
• Ministerio de la Construcción.
• Acorec, Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A., la entidad estatal que suministra mano de obra cubana a empresas extranjeras. Los inversionistas extranjeros no pueden contratar directamente y deben hacerlo a través de esta agencia, que cobra en moneda dura y paga al trabajador una fracción en pesos. Según el Departamento de Estado, hay reportes de que Acorec “ha embargado más del 90 por ciento de los salarios pagados por entidades extranjeras”.
• Finalmente, tres empresas del conglomerado de comercio exterior GECOMEX, ya sancionado previamente: Coratur S.A., que gestiona comercio internacional; Transimport, que ha importado más de 5 millones de dólares en vehículos, piezas automotrices y equipos industriales; y Consumimport, que comercia con electrodomésticos y materiales de construcción.