Ejército de Colombia justifica muerte de tres menores de edad de la guerrilla disidente: "Ean combatientes"

Bogotá, Colombia.— Una operación militar que dejó 10 muertos en el Guaviare ha abierto de nuevo el debate sobre el uso de menores en la guerra en Colombia. El 27 de agosto, en una operación conjunta y coordinada entre Fuerzas Militares y Policía Nacional, se ejecutó un ataque aéreo estratégico sobre tres zonas campamentarias en lo profundo de la selva del departamento del Guaviare, municipio de El Retorno, en cercanías al río Inírida, informó el Ministerio de Defensa.

El objetivo era una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño dirigida por alias 'Cotis', de la facción de alias 'Calarcá', perteneciente al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las FARC liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba.

"Como resultado de la operación se neutralizaron diez de sus integrantes todos ellos combatientes, así mismo se capturó a uno más y se recuperó a un menor de edad en función continua de combate a quien se le restablecieron sus derechos" 

En el sitio del bombardeo se incautó "abundante material de guerra: 19 fusiles, siete ametralladora, quince armas cortas, un mortero de sesenta milímetros, veintidós granadas de mortero, ocho granadas de cuarenta milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersonales que iban a ser utilizadas en el territorio colombiano [...] también 20 granadas para dron y más de 29 mil municiones". 

Días después, el Instituto Nacional de Medicina Legal identificó 9 de los 10 cuerpos y confirmó: tres son menores de edad: dos de 15 años y uno de 16 años. De los nueve identificados, cuatro son femeninos y cinco masculinos. 

Ante eso, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, defendió la legalidad:

"La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante su planeamiento y durante su ejecución [...] se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos como lo exige la ley, entre ellos la entrega de los cuerpos a medicina legal para su respectiva identificación".

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, agregó:

"Debemos ser claros, el reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario".

"Es clara la responsabilidad de los grupos armados narcoterroristas".

"El Ministerio de Defensa lamenta que nuestros menores de edad sigan siendo reclutados e instrumentalizados por estos grupos narcoterroristas y bandas criminales. Rechazamos de manera categórica esta aberrante práctica".

El Ministerio anunció que instaurará denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y que los ministerios de Justicia y Defensa trabajan en una mesa interdisciplinaria para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento, con posibles "ajustes penales, agravación de sanciones y fortalecimiento de la persecución de las estructuras de dirección y las redes de captación". 

El contexto que desata la polémica

El caso toca una fibra sensible en Colombia por el antecedente del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá.

Uribe Turbay fue atacado mientras participaba en un mitin. El autor material fue un joven de 14 años, identificado con el alias 'Tianz', que disparó contra el político. El menor fue condenado posteriormente a 7 años de sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Es ese antecedente el que lleva a sectores a sostener que menores de edad en estructuras criminales, aunque víctimas de reclutamiento forzado según la ley internacional, sí pueden ser combatientes activos que asesinan a población civil y ejecutan acciones terroristas, como argumenta el Gobierno para justificar el bombardeo: estaban armados, en campamentos y en función de combate.

Medicina Legal también advirtió que este no es un caso aislado: 15 menores han muerto en operaciones militares en Amazonas, Arauca y Guaviare desde agosto de este año. 

La Operación Amón en Guaviare es el segundo bombardeo en menos de una semana contra las disidencias que se disputan el territorio: el 27 de agosto contra alias Calarcá con 10 muertos, y días después contra alias Mordisco.