"Territorium Life": ¿Cómo una empresa tan desprestigiada puede acumular tantos contratos millonarios con entidades públicas?

Monterrey.— "Territorium Life" no es solo el fiasco de la UNAM. Es una empresa que ha penetrado en el Instituto Nacional Electoral, en el Poder Judicial, en universidades públicas de medio país y hasta en plataformas de la SEP, mientras en Colombia su paso por el SENA terminó calificado de “estafa” por los propios trabajadores, con sobrecostos superiores al 200 por ciento y el abandono de la plataforma. El patrón es claro: contratos millonarios, muchas veces por adjudicación directa, promesas de tecnología infalible y, cuando algo sale mal, el costo lo pagan las instituciones y los ciudadanos.

La firma regiomontana, fundada en 2012 por Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús Sáenz González, ha acumulado más de 218 millones de pesos en contratos públicos documentados. El Consejo de la Judicatura Federal le entregó alrededor de 50.5 millones entre 2024 y 2025 para supervisar evaluaciones remotas de carrera judicial. Universidades como la BUAP (más de 31 millones), la UANL, la UACJ y otras también le abrieron la puerta. El INE mantiene un contrato vigente hasta 2027 por más de 3.4 millones de pesos para operar su Centro Virtual de capacitación, ganado en licitación pública con una oferta significativamente más baja que la de sus competidores. Y está detrás de Saberes MX, la plataforma de la SEP donde se han documentado vulnerabilidades que permitían obtener constancias sin completar los cursos.

En Colombia el historial es todavía más revelador. En 2019 el SENA adjudicó a un consorcio que incluía a Territorium Life un contrato de unos 30 mil millones de pesos colombianos (cerca de 176 millones de pesos mexicanos en ese momento) para reemplazar una plataforma de aprendizaje virtual. El sindicato SINDESENA la denunció como “una estafa”: retrasos, saturación del sistema, borrado de contenidos, penalizaciones y un presupuesto que se infló por encima de los 92 mil millones. En 2024 la institución colombiana terminó abandonándola y migrando a un desarrollo propio.

El caso UNAM —casi 70 millones pagados, examen en línea con puntajes atípicos, denuncias de trampas y rescisión anticipada del contrato— no es un accidente aislado. Es el episodio más visible de una trayectoria en la que la misma empresa aparece una y otra vez como proveedora privilegiada de procesos sensibles: admisión universitaria, evaluaciones judiciales, capacitación electoral y plataformas oficiales de formación. La justificación recurrente es la “experiencia” y la “seguridad de clase mundial”. Los resultados, cuando fallan, son otra cosa.

No existe, hasta ahora, evidencia pública verificada de nexos familiares o políticos directos de los fundadores con altos funcionarios. El problema no necesita de ese eslabón para oler mal. El olor viene del modelo: la reiterada preferencia por adjudicaciones directas o procesos poco competitivos, el volumen de recursos públicos concentrados en un solo proveedor tecnológico, la distancia entre lo prometido y lo entregado, y la repetición de problemas técnicos y operativos en distintos países e instituciones.

Mientras la UNAM audita y pide a la ASF que revise su contratación, el INE defiende que su contrato es distinto y no presenta incumplimientos. El resto de las instituciones que le han pagado siguen en silencio. El patrón, sin embargo, ya está a la vista. Cuando una misma empresa acumula contratos sensibles en educación, justicia y procesos electorales, y arrastra un historial de fallas graves en el extranjero, la pregunta ya no es solo técnica. Es de control, de competencia y de por qué el dinero público sigue fluyendo hacia quien ya ha dejado rastros de problemas.