Ecuador: Noboa vincula a políticos con narcotráfico y minería ilegal y defiende su ley antimafias
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante la entrevista de este jueves 17 de septiembre de 2026 en Radio Élite, donde vinculó a sectores políticos con el narcotráfico, el lavado de dinero y la minería ilegal.
Quito, Ecuador El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este jueves que el crimen organizado lleva décadas infiltrando la política y que su gobierno busca cortar esa alianza con una ley antimafias, señalamientos a alcaldías locales y acusaciones contra opositores ligados a la minería ilegal. El mensaje resuena en el Gran Caribe porque las rutas de cocaína, el lavado de dinero y la migración que salen del Pacífico ecuatoriano atraviesan islas, puertos y plazas financieras de la cuenca, y terminan en Miami y otras ciudades de la diáspora.
Quito, Ecuador.— El presidente Daniel Noboa afirmó este jueves en una entrevista en Radio Élite que las estructuras criminales han buscado entrar en la política durante décadas y que el país no es una excepción. Según dijo, hay casos claros de políticos involucrados en narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, y su gobierno pretende enfrentar esa relación porque se ha vuelto un engranaje de las propias mafias.
Cuando el entrevistador sugirió que Noboa se había convertido en una “pesadilla” para ciertos políticos, el mandatario respondió con ironía que esos adversarios “tienen sueños conmigo, sudan y lloran”.
Noboa defendió la llamada Ley Antimafias, un paquete legal pensado para golpear a organizaciones que, según el gobierno, atacan a ciudadanos comunes y a actividades económicas. El presidente puso como ejemplo el cantón Durán, municipio industrial pegado a Guayaquil, en la costa del Pacífico. Allí, dijo, hay candidatos a la alcaldía vinculados a la “mafia de los tanqueros”, redes que controlan el reparto irregular de agua en cisternas. Noboa respaldó a Álex León, postulante de su movimiento a esa alcaldía, a quien presentó como alguien que conoce el problema y podría resolver el abastecimiento de agua.
El presidente extendió el argumento a la minería ilegal. Aseguró que “muchos de los que marchan” en las protestas del país están metidos en esa actividad y citó a la Prefectura de Azuay —el gobierno provincial de esa jurisdicción andina— y al entorno de Juan Cristóbal Lloret. Noboa afirmó que Lloret “fue quien entregó Quimsacocha”, un yacimiento de oro en páramos de Azuay de alto valor ambiental y conflictividad social, y recordó que hoy es candidato a la alcaldía de Cuenca, la capital de esa provincia. El mandatario insistió en que el Estado necesita herramientas más fuertes para cortar los lazos entre crimen, política y negocios.
Ecuador no es un país caribeño, pero su crisis de seguridad ya es un asunto de la cuenca. El país se convirtió en los últimos años en plataforma de cocaína hacia el Pacífico y, desde allí, hacia Centroamérica, el Caribe y Europa. Bandas con conexiones colombianas, mexicanas y albanesas han usado puertos ecuatorianos, y el dinero sucio busca plazas de comercio, turismo y servicios financieros en islas y en el sur de Florida. La diáspora ecuatoriana en Miami y Nueva York remite divisas que sostienen hogares, pero también queda expuesta cuando el Estado se disputa con mafias el control de agua, minas y urnas.
Para gobiernos insulares que lidian con sargazo, deuda climática y tráfico de personas, el aviso de Quito es familiar: cuando el crimen compra política local, se encarece la seguridad portuaria, se ensucia la inversión y se empujan nuevas oleadas de salida. La Ley Antimafias y las acusaciones de campaña en Durán y Cuenca se leerán, más allá de los Andes, como otra prueba de que la frontera entre urna y cartel ya no es un problema interno de un solo litoral.