Narco-alcalde morenista de Juchitán cimbra Oaxaca; gobernador Salomón Jara desaparece gobierno municipal ante la crisis

Ciudad de México.— El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara —también de Morena— pidió este viernes al Congreso local la desaparición de poderes en Juchitán de Zaragoza, el reconocimiento más crudo de que el Ayuntamiento quedó hecho trizas después de que fuerzas federales y estatales detuvieran a su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, acusado de operar como pieza política de Los Cromos, célula que las autoridades identifican como brazo del CJNG en el Istmo: cobro de piso, halconeo con las cámaras del C2 municipal, compra de armas, casas de seguridad para migrantes, narcomenudeo y homicidios. No es un “ tropiezo administrativo”. Es un alcalde reelegido por Morena, con más de 32 mil votos, que según la investigación usó el poder público para blindar a una estructura criminal mientras su policía municipal —ya intervenida en 2025 por presuntos nexos— salió a bloquear carreteras para impedir que se lo llevaran.

La captura ocurrió el miércoles 23 de septiembre, frente al Conalep 243, en el llamado Operativo Enjambre. Lo detuvieron junto con Alberto de la Paz López, “La Parca”, señalado como el operador de calle: mototaxis para vender droga, extorsionar, matar y exprimir migrantes. A Quetu le imputan extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Lo subieron a un avión en Ixtepec y esa misma noche lo metieron al Altiplano. La UIF congeló cuentas. La Fiscalía de Oaxaca ya pidió vinculación a proceso.

El perfil no es el de un extraño que se coló. Abogado de la UABJO, hijo de un exlíder de la COCEI, secretario y suplente de Emilio Montero Pérez —hoy en el IEEPO, en el gabinete de Jara—, Quetu heredó la alcaldía en 2022 y la revalidó en 2024 con la coalición Morena-Verde-Fuerza por México. Se sentaba en las mesas de seguridad del Istmo. Es decir: sabía cuándo llegaba la Marina o la Guardia. Las pesquisas dicen que eso no lo usó para combatir a Los Cromos, sino para avisarles.

La policía municipal es el otro agujero. En junio de 2025, el Operativo Sable les quitó el cuartel, el C2 y las armas; más de 200 elementos fueron a control de confianza por carpetas de extorsión, protección al narcomenudeo y sospecha de cámaras “espejo” para el crimen. Un año después, el mismo cuerpo salió a cortar vías y a concentrarse en la base aérea para “rescatar” al alcalde. El 24 cayó el excomisario John Keny Moreno Segura, acusado de dar protección institucional a la misma célula. Harfuch dijo que siguen viendo cuántos más estaban adentro.

El detonante mediático fue el ataque del 18 de septiembre contra Elvis Guerra, el diseñador muxe del vestido que Claudia Sheinbaum usó en el Grito. Le exigían 200 mil pesos de piso. Sheinbaum lo recibió con Harfuch y prometió atender Juchitán. Este viernes, en la mañanera, aclaró que la investigación contra Quetu “ya venía de tiempo atrás” y que no está “directamente relacionada” con el caso de Elvis. En criollo: el expediente no nació el día en que balacearon a quien vistió a la Presidenta; solo se volvió imposible de ignorar.

Harfuch enmarcó la detención en la consigna de “Cero Impunidad”. Jara, que durante años coordinó con el edil y lo respaldó cuando las acusaciones eran “ataques políticos”, ahora dice que nadie está por encima de la ley, que investigan a otros funcionarios del Ayuntamiento y que la seguridad del municipio queda en manos estatales y federales. La desaparición de poderes no es un detalle técnico: disuelve al cabildo electo y entrega el municipio a un administrador designado. Es admitir que la institución local ya no sirve, o que sirvió para otra cosa.

Juchitán no se volvió violento el miércoles. Lleva años entre los municipios más sangrientos de Oaxaca: piso, mototaxis, migrantes, ejecuciones. Lo nuevo no es el crimen. Lo nuevo es que el gobierno federal y el estatal tuvieron que decapitar a un alcalde de su propio movimiento y, dos días después, pedir que se borre el Ayuntamiento. Quetu niega, sus bases piden liberación y el suplente habla de amenazas y de evidencias que, según él, apuntan a otros. El expediente, mientras tanto, dice otra cosa: que el poder municipal no fue un dique contra Los Cromos. Fue parte del andamiaje.