Excluyen a opositores de elecciones en Nicaragua; Ortega suspende comicios de este año y extiende su mandato hasta 2028
Rosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua, en un acto oficial. El 1 de septiembre de 2026 su Asamblea, sin oposición, aprobó en primera legislatura la reforma que los deja siete años más en el poder y veta a quienes el régimen llama “traidores a la patria”.
Managua, Nicaragua Nicaragua acaba de inscribir en la Constitución lo que ya practicaba desde 2021: no hay oposición legal. La Asamblea sandinista aprobó alargar el mandato de Ortega y Murillo de seis a siete años, cancelar las elecciones de 2026 y empujarlas a 2028, e inhabilitar a cualquiera etiquetado como golpista, vendepatria o partidario de sanciones. Es la traducción jurídica de lo que Ortega dijo el 19 de julio: que no vuelva a haber elecciones para que nadie “atrape el gobierno”.
Managua, Nicaragua.— La Asamblea Nacional de Nicaragua, monopolizada por el Frente Sandinista, aprobó el 1 de septiembre de 2026 en primera legislatura —por unanimidad y a mano alzada— la reforma constitucional que Daniel Ortega y Rosario Murillo pidieron para blindar su poder. No es un ajuste técnico: es la inscripción en la Carta Magna de lo que el régimen ya practicaba desde 2021. La oposición real queda vetada de facto; el mandato presidencial se estira otra vez; y las elecciones que tocaban se aplazan hasta 2028.
La sesión se celebró en León, frente a la catedral donde reposan los restos de Rubén Darío, en un gesto propagandístico que el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, ha usado para revestir de “tradición nacional” un cambio que concentra más poder en la copresidencia. La reforma modifica una docena de artículos. Para entrar en vigor necesita una segunda votación a partir del 18 de enero de 2027. Nadie duda del resultado: el FSLN controla el 100 % de la Asamblea desde las votaciones de 2021.
Lo que dice el texto, y lo que significa
Quedan inhabilitados para candidaturas, cargos de elección popular y dirección de partidos quienes el régimen considere vinculados a “actos golpistas”, “traición a la patria”, solicitud de “intervención militar”, sanciones internacionales, financiamiento extranjero o cualquier acto que, a juicio del poder, “menoscabe la soberanía”. Es la misma etiqueta que Managua ha aplicado a al menos 452 opositores y críticos desnacionalizados, entre ellos Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Con esa fórmula no se “regula” la competencia: se elimina. Cualquier disidente serio —en el exilio, en prisión o silenciado dentro del país— queda fuera por definición.
El periodo de los copresidentes, diputados, alcaldes, magistrados, fiscal general y jefes del Ejército y la Policía pasa de seis a siete años, con carácter “renovable”. El cambio no afecta solo a Ortega y Murillo: según cálculos periodísticos, alcanza a más de 6.700 cargos públicos, sobre todo en los 153 municipios. Las autoridades ya electas ven su mandato prorrogado de oficio. Las presidenciales que originalmente correspondían a noviembre de 2026 —y que una reforma de 2025 ya había empujado a 2027— quedan para 2028.
Esto no nace de un vacío. El 19 de julio de 2026, en el acto del 47 aniversario de la Revolución, Ortega lo dijo sin eufemismos: “Aquí no volverá a haber elecciones” para que la oposición no “atrape el Gobierno”. Anunció un “muro” de leyes contra “golpistas” y “vendepatrias”. La reforma es esa muralla, ahora con rango constitucional. Porras matizó después que sí habría comicios, pero “sin golpistas ni traidores”. En la práctica es lo mismo.
El contexto que el régimen prefiere no nombrar
Nicaragua no tiene elecciones competitivas desde 2021. Ese año, antes de la votación, el Gobierno encarceló a siete precandidatos presidenciales —Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre— y a decenas de dirigentes, periodistas y activistas, acusados de “conspiración” y “traición” con pruebas inexistentes o fabricadas. Ortega se proclamó ganador con el 75 % oficial frente a partidos satélite. Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y observadores independientes calificaron el proceso de farsa.
La crisis de fondo viene de 2018: las protestas contra el régimen dejaron entre 300 y 350 muertos según la ONU. Desde entonces, el Estado ha cerrado medios, ONG, universidades y espacios religiosos; ha desterrado y despojado de nacionalidad a opositores; y ha convertido la Policía y el Ejército en pilares de un control que Washington describe como “Estado policial dinástico”. La reforma constitucional de 2025 ya había creado la copresidencia Ortega-Murillo, alargado el mandato de cinco a seis años, concentrado el poder en el Ejecutivo y legalizado la apatridia de los “traidores”. Esta de 2026 es el siguiente parche.
Las “consultas” previas a la votación duraron 36 días y no incluyeron a la oposición ni a la sociedad civil independiente. Fue un trámite interno del oficialismo.
Reacción internacional y el cálculo del régimen
Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, llamó a aislar comercialmente a Nicaragua y a tratar el caso en la OEA. El Consejo Permanente ya había convocado una reunión de cancilleres. La CIDH repudió tanto el anuncio de julio como el contenido de la reforma. Varios gobiernos de la región —Centroamérica, Brasil, Chile, Bolivia— criticaron el retroceso; Panamá retiró a su embajador. El régimen responde con el relato de siempre: soberanía amenazada por “yanquis” y “somocistas”.
La lógica es transparente. Ortega, de 80 años y con problemas de salud documentados, y Murillo buscan tiempo y un mecanismo de sucesión familiar. Alargar el mandato, renovarlo sin competencia real y constitucionalizar la exclusión de cualquiera que no acepte las reglas del FSLN convierte las urnas en un adorno. Lo que queda no es una democracia defectuosa: es un régimen que ya no necesita fingir pluralismo.
En los hechos, esta reforma no “restringe” a la oposición. La declara inexistente para efectos electorales. Nicaragua lleva años sin alternativa competitiva; ahora esa ausencia queda escrita en la Constitución.