Juez le frena los bombardeos a De la Espriella, pero no resuelve el dilema: ¿qué hace el Estado cuando la guerrilla se escuda con niños?

San José del Guaviare, Colombia.— Un juez de Guaviare le puso freno a la guerra aérea de Abelardo de la Espriella. Ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra campamentos guerrilleros cuando haya información de inteligencia sobre presencia de menores reclutados. La medida cautelar aplica, por ahora, solo para ese departamento amazónico, donde dos ataques recientes dejaron al menos 33 disidentes de las FARC muertos.

El dato que gatilló la orden: Medicina Legal confirmó el domingo que entre los abatidos del primer bombardeo había tres menores de 15 y 16 años. Del segundo, aún no se sabe.

El juzgado actuó ante un recurso de un ciudadano — el politólogo Roxemhberg Rozo, de 35 años — que alega vulneración de derechos fundamentales de los menores.

“Sabemos que hay que someter a estos grupos armados. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos con estos niños? La respuesta no puede ser bombardearlos y matarlos”, dijo Rozo a la AFP.

Hasta ahí, la parte fácil: el Estado no puede bombardear niños.

Pero la parte difícil, la que nadie quiere escribir, es esta:

Los grupos armados en Guaviare no solo reclutan menores. Los usan deliberadamente como escudos humanos.

Es la denuncia que hace el propio gobierno y que confirman los informes de la Defensoría: 428 casos de reclutamiento el año pasado, 97 hasta el 31 de julio de este año. Niños llevados a la selva, armados, puestos en la primera línea de los campamentos que producen cocaína y que ahora son objetivo militar.

De la Espriella, respaldado abiertamente por Donald Trump, llegó el 7 de agosto con una doctrina clara: bombardeos letales y extradiciones masivas. Una ruptura total con el enfoque de negociación de Gustavo Petro (2022-2026). El lunes defendió los operativos:

“Respaldo total contra los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos”.

El Ministerio de Defensa dice que la operación cumplió “todos los estándares legales”. El Derecho Internacional Humanitario es claro en un punto incómodo: si un grupo armado usa menores, el crimen es del grupo armado, no automáticamente del Estado que ataca. Pero también obliga al Estado a aplicar principios de precaución y proporcionalidad.

Y aquí es donde la política se vuelve trampa mortal:

Si el juez prohíbe bombardear cada vez que haya un menor, le está dando a la disidencia un manual de impunidad: basta con tener dos adolescentes en cada campamento para volverse intocable desde el aire. Si el gobierno bombardea sabiendo que hay menores, termina procesado por homicidio y convierte a las víctimas en victimarios ante la opinión pública.

No es un problema nuevo. Le estalló a Iván Duque — su ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció por un bombardeo donde murieron 8 menores — y le estalló a Petro.

La diferencia es que De la Espriella lo celebra. El video caminando entre 20 cadáveres cubiertos con mantas blancas no es un parte militar, es propaganda de mano dura. Y esa teatralización le da munición a sus críticos y le quita legitimidad a una operación que, militarmente, puede ser legal.

El juez de San José del Guaviare no prohibió los bombardeos. Los condicionó a la inteligencia. Es decir: si sabes que hay niños, no lances la bomba. Busca otra forma de someterlos.

La pregunta que queda en el aire, y que ni el juzgado ni la Casa de Nariño responden, es quién rescata a esos 97 niños reclutados este año si el Estado no puede entrar por aire y no se atreve a entrar por tierra porque el campamento está minado y fortificado.

Prohibir bombardear a niños es correcto. Dejar que los criminales sigan usando niños para no ser bombardeados, también es condenarlos.