México debe reabrir el caso de Alex Saab tras su confesión de lavado en Miami, pide Transparencia Venezuela

Caracas, Venezuela.— Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela —una organización que documenta corrupción del Estado venezolano—, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), el ministerio público federal mexicano, abrir de nuevo la persecución penal contra Alex Saab, el principal prestanombres asociado a Nicolás Maduro. Saab se declaró culpable el martes en un juzgado federal de Miami de lavar millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos, en un esquema atado a un programa de alimentos para las familias más pobres de Venezuela.

De Freitas dijo que México debe pedir información formal a las autoridades judiciales estadounidenses para rastrear las operaciones que Saab habría realizado en territorio mexicano con ese programa. En México, según la organización, el empresario lavó dinero y cerró negocios ilegales con las llamadas “cajas CLAP”, acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento y Producción: despensas subsidiadas que el gobierno chavista vendía o entregaba como política social.

La FGR, afirma Transparencia Venezuela, ya tiene una carpeta de investigación —el expediente penal previo al juicio— que lleva años sin movimiento. En 2024 la organización presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción contra Saab, Maduro y quienes resulten responsables, por el uso de dinero público venezolano para comprar alimentos con sobreprecio en México. De Freitas sostiene que esa denuncia no avanzó y que la Fiscalía ni siquiera respondió a los denunciantes. Atribuye esa parálisis a la relación política que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, han mantenido con Maduro y el chavismo.

El tablero cambió en 2026. Maduro fue sacado de Venezuela el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y trasladado a una cárcel en Nueva York. Saab, entonces ministro de Industrias y Producción Nacional del gobierno chavista, perdió ese paraguas. El 16 de mayo fue deportado a Estados Unidos para responder por lavado de dinero.

En su declaración de culpabilidad en Miami, Saab reconoció que usó la empresa Group Gran Limited —registrada en México, Hong Kong e India— como fachada para lavar fondos y pagar sobornos a funcionarios, y así apropiarse de millones de dólares destinados a comprar cajas CLAP. Esa confesión golpea también al actual presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, quien fue abogado de Saab y en agosto de 2017 dijo al diario El Heraldo de Barranquilla que su cliente no tenía “nada que ver con esa empresa”. El propio acuerdo en Miami deja esa versión en evidencia.

Como parte del pacto con la fiscalía estadounidense, Saab podría testificar contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el juicio federal que ambos enfrentan en Nueva York. También podría declarar sobre socios investigados en México, Colombia, Ecuador e Italia.

En Colombia, el periodista Daniel Coronell exhibió en Noticias Uno una carta de 2014 en la que De la Espriella admite haber recibido giros por más de 370 mil dólares de empresas de Saab a través del sistema financiero estadounidense. El periodista Gerardo Reyes, autor de un libro sobre Saab, planteó que esa pista quizá no ha llegado a los fiscales federales de Estados Unidos y puso en duda que la administración de Donald Trump tenga interés en interrogar al presidente colombiano mientras Bogotá se alinea con las demandas de Washington.

El tramo mexicano del esquema es cuantioso. Según una investigación de diputados opositores venezolanos, entre 2016 y 2018 Saab adquirió en México 12 millones de despensas CLAP —arroz, harina de maíz, aceite y conservas— facturadas con un sobreprecio de 30 dólares cada una. El desfalco estimado solo en ese país llegaría a 360 millones de dólares.

Saab será sentenciado en enero de 2027 en Estados Unidos. El rango de pena por el delito al que se declaró culpable suele situarse entre 10 y 20 años, aunque el acuerdo con los fiscales puede bajarla si coopera como testigo. De Freitas sostiene que, en cuanto haya sentencia firme, los fiscales de México y de otros países deberían pedir a Estados Unidos las pruebas para reactivar sus propios procesos. “Espero que el acuerdo no incluya que Estados Unidos va a cerrar la información para impedir que se conozcan las evidencias y pruebas”, dijo.

El daño no fue solo contable. Varios cargamentos enviados a Venezuela por empresas mexicanas, según Transparencia Venezuela, llegaron en mal estado o con productos de menor calidad que la contratada. De Freitas afirma que la corrupción urdida entre empresarios mexicanos, Saab y Maduro es doblemente grave: pudo tener efectos “incluso letales” para millones de venezolanos vulnerables y contribuir a la inseguridad alimentaria aguda del país.

Saab ya había sido extraditado a Estados Unidos después de su captura el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, donde su avión privado hizo escala rumbo a Irán. El país africano lo entregó en octubre de 2021. Entonces se le acusó de conspirar para blanquear dinero de Maduro y mover cientos de millones procedentes de corrupción, narcotráfico y minería ilegal, eludiendo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Era pieza tan central para el chavismo que Caracas convirtió su liberación en asunto de Estado. En diciembre de 2023, tras una negociación secreta con enviados del entonces presidente Joe Biden, Saab regresó a Venezuela a cambio de diez estadounidenses presos en ese país.

El empresario de origen libanés, criado en la ciudad caribeña de Barranquilla, conoce México desde los años noventa, cuando el país fue mercado de los textiles de su familia. Según la oposición venezolana, la filial mexicana de Group Gran Limited fue el núcleo de sus operaciones. Ninguna de las compañías mexicanas que le vendieron cajas CLAP con sobreprecio fue investigada a fondo por lavado: en 2018, bajo Enrique Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República cerró el asunto con un “acuerdo reparatorio”. Ese convenio consistió en el pago de 3 millones de dólares a la Agencia de la ONU para los Refugiados y el compromiso de no volver a comerciar con Venezuela.

Eso ocurrió pese a que la propia procuraduría reconoció entonces que empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, habían desviado recursos de fines humanitarios al comprar productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y revenderlos a través de los CLAP a un valor 112% mayor al costo real. Transparencia Internacional ha señalado entre las grandes compañías que vendieron alimentos al gobierno de Maduro por la red de Saab a Gruma, El Sardinero, Minsa, La Moderna, Grupo Pando, Rice & Beans y Soriana, a las que cataloga como “empresas cómplices del gobierno venezolano”.

El hilo que une Miami, Barranquilla, Caracas y la Ciudad de México no es anecdótico para el Gran Caribe. Las cajas CLAP fueron el rostro social de un Estado quebrado; el lavado en Florida y las facturas mexicanas fueron su caja registradora. La confesión de Saab deja a la FGR ante una pregunta que ya no es solo jurídica: si México va a tratar el expediente como archivo muerto o como la pieza que falta para seguir el dinero que salió de las mesas venezolanas y transitó por bancos, aduanas y despensas de la cuenca.