ONU denuncia control total de poderes por el Ejecutivo en Nicaragua y alerta sobre leyes que anulan a la oposición
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua —en el poder desde 2007 y líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN—, durante una actividad oficial en Managua. El mandatario es señalado en el más reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por concentrar el control del Parlamento, alcaldías y consejos regionales.
Ginebra, Suiza El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH —la oficina de la ONU que vigila el respeto a las garantías fundamentales— denunció la captura de todas las instituciones democráticas en Nicaragua por el Ejecutivo. El informe documenta concentración de poder sobre el Parlamento, los municipios y los consejos regionales, y reformas que prohíben la participación opositora. El caso importa al Gran Caribe por la ola de exilio, el cierre del espacio cívico y el efecto contagio sobre la estabilidad de Centroamérica.
Ginebra, Suiza.— El ACNUDH presentó un informe que concluye que el Ejecutivo nicaragüense, encabezado por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, concentró el poder absoluto sobre la Asamblea Nacional —el parlamento unicameral—, las 153 alcaldías y los consejos regionales de la Costa Caribe.
El documento señala que el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, aprobó un paquete de leyes restrictivas sin votos en contra ni abstenciones. Entre ellas, una reforma constitucional que inhabilita para participar en política a quienes sean calificados de traidores a la patria, y que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años, con reelección permitida, lo que en la práctica habilita una permanencia prolongada en el poder.
La investigación recoge patrones de detención arbitraria, desaparición forzada de corta duración y muertes bajo custodia policial. También registra el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil —más de 5.000 personerías jurídicas canceladas desde 2018 según conteos previos de la ONU— y la clausura de decenas de medios, que reducen al mínimo el ejercicio del periodismo independiente dentro del país.
Para la cuenca caribeña, el impacto es directo. Nicaragua es origen de una migración sostenida hacia Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos, incluida la comunidad nicaragüense en Miami, Estados Unidos, una de las mayores del Gran Caribe. El vaciamiento institucional y la criminalización de la disidencia empujan nuevos desplazamientos, presionan los sistemas de asilo y elevan el riesgo de tráfico y trata en rutas marítimas y terrestres del Caribe occidental.
El informe califica la situación como indefendible por la acumulación de restricciones a la libertad de expresión, asociación y participación política. No es un hecho aislado: desde 2018, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha advertido sobre una estructura de represión centralizada.
El Alto Comisionado recomendó derogar las normas que sancionan la disidencia como traición, restablecer garantías para partidos y medios, investigar las muertes bajo custodia y liberar a personas detenidas por motivos políticos. La resolución del caso nicaragüense, señaló, es clave para frenar la erosión democrática en la región y evitar que el modelo de control total de instituciones se replique en otros Estados del Caribe y Centroamérica.