Ciudad de México.— En América Latina y el Caribe hay más de veinte sistemas penitenciarios controlados por bandas que extorsionan, cobran gota a gota y ordenan asesinatos desde una celda, pero solo tres gobiernos se han atrevido a aplicar la medida más elemental y más radical: quitar el enchufe. Mientras una celda tenga un tomacorriente, un televisor y señal de celular, no es una cárcel, es un call center del crimen.

Mientras la mayoría de los países presume inhibidores y bloqueadores de señal que todos tienen y a todos les fallan, tres presidentes entendieron que el celular no se acaba bloqueando la llamada, se acaba dejándolo sin donde cargarse.

Tres desenchufados contra un continente entero que sigue enchufado y extorsionando.

La diferencia es la que explica por qué el crimen sigue gobernando desde prisión y por qué los organismos de derechos humanos han salido a gritar. Esos organismos cuidan presupuestos millonarios de cooperación internacional y donaciones privadas y por eso han emprendido una defensa irracional a favor de delincuentes que exigen televisor, microondas y tomacorriente como si fueran derechos humanos.

Los tres que desenchufaron

1. El Salvador - Nayib Bukele. El modelo original. El Centro de Confinamiento del Terrorismo no tuvo que ser desenchufado porque nació sin enchufes. El diseño contempla un cuarto de control externo para manejar agua y electricidad y que el interno no pueda manipular nada. Cada celda de 100 metros cuadrados alberga a más de cien pandilleros y solo tiene dos piletas, dos inodoros y camarotes de hierro sin colchón. No hay tomacorrientes. No hay nada que conectar. Es la única prisión del continente donde es físicamente imposible cargar un teléfono.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, creador del CECOT, la única cárcel de América Latina construida sin tomacorrientes.

1. Costa Rica - Laura Fernández. El 30 de julio ordenó retirar todos los tomacorrientes de las celdas tras un operativo nacional que decomisó 352 televisores y 238 microondas. El balance del Ministerio de Justicia: 1.661 tomacorrientes eliminados, casi 13 kilómetros de cableado retirado, 125 breakers y 20 extensiones desmontadas, además de videojuegos y cajas convertidoras. La orden fue directa: para qué tener tomacorrientes si no tienen que conectar absolutamente ningún artefacto eléctrico.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó desenchufar todas las celdas del país.

1. Colombia - Abelardo De la Espriella. El 11 de septiembre ejecutó el operativo más grande del año. Por instrucción presidencial, el INPEC retiró ventiladores, televisores, parlantes, estufas, tomacorrientes e instalaciones eléctricas en distintos penales del país. El resultado: 1.997 elementos retirados y 688 celulares, 16,4 kilos de droga, 908 litros de licor artesanal y 716 armas blancas incautadas. La directriz presidencial: acabar con la alcahuetería y garantizar que la cárcel sea para cumplir la condena. Menos privilegios son menos oportunidades para seguir delinquiendo desde una celda.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ordenó el operativo nacional para desenchufar las cárceles.

Son tres. Solo tres.

El resto del continente: enchufados y extorsionando

Por volumen carcelario, por masacres y por la cantidad de extorsiones que salen de sus penales, los casos más graves que se niegan a desenchufar son estos. Todos tienen inhibidores. Ninguno ha quitado un enchufe:

1. Brasil - Luiz Inácio Lula da Silva: Cerca de 900 mil presos, el sistema más grande de América Latina. El Primer Comando Capital sigue ordenando ataques desde las cárceles paulistas. En 2023 su gobierno revocó la norma que prohibía instalar enchufes en celdas. Hoy el Congreso discute el Proyecto de Ley 979 que busca volver a prohibir las tomas de energía porque facilitan la recarga de celulares. Sigue en trámite.
2. México - Claudia Sheinbaum: Más de 230 mil presos. El país donde el gota a gota colombiano ya opera con más de mil quinientos cobradores en 22 estados. Solo ha logrado bloquear el 33 por ciento de las líneas detectadas y su ley solo permite bloquear 20 metros fuera del penal.
3. Argentina - Javier Milei: Más de 110 mil presos. Tres resoluciones en 2026 para bloquear IMEI. Ninguna orden para retirar tomacorrientes. Las celdas siguen con televisores y estufas.
4. Perú - Keiko Fujimori: Cerca de 95 mil presos y más de cuatro mil millones de soles al año movidos por extorsión carcelaria. Cadena perpetua para extorsionadores aprobada en el Congreso, pero ni un solo televisor retirado por orden presidencial.
5. Chile - José Antonio Kast: Cerca de 50 mil presos. Plan de seguridad para cárceles de alta seguridad, sin retiro de conexiones eléctricas.
6. Ecuador - Daniel Noboa: Alrededor de 35 mil presos. Ha ordenado el retiro forzoso de antenas clandestinas e internet alrededor de las cárceles y el bloqueo total de señal en la Cárcel del Encuentro, pero no ha ordenado desenchufar las celdas.
7. Honduras - Nasry Tito Asfura: Más de 20 mil presos. Heredó un sistema con 53 bloqueadores ineficientes y sin control territorial de los penales.
8. Guatemala - Bernardo Arévalo: Más de 22 mil presos. Prueba piloto de bloqueadores en Zacapa. Alerta oficial del propio gobierno: el internet satelital Starlink ya entra a las prisiones y no se puede bloquear.
9. Bolivia - Rodrigo Paz: Con la peor crisis económica en cuatro décadas y penales hacinados, sin ninguna medida de retiro de enchufes.
10. Venezuela - Delcy Rodríguez: Sistema carcelario controlado por pranes, con celdas con enchufes, televisores y conexión a internet.
11. República Dominicana - Luis Abinader: Con un sistema en expansión y sin orden de desenchufar.

En todos ellos la historia se repite: el inhibidor se instala, el guardia lo apaga, la antena clandestina aparece, el Starlink entra. El celular sigue cargado porque el enchufe sigue ahí.

LOS QUE SE OPONEN: EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cada vez que un presidente ordena desenchufar una celda, aparece el mismo coro de comunicados:

1. Amnistía Internacional: Fue la primera en calificar al CECOT como una amenaza y expresó su profunda preocupación por la nueva cárcel y llamó a Bukele a cambiar de rumbo en su política de arrestos masivos. También advirtió sobre la consolidación de políticas de privación arbitraria de la libertad y denunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y grupos como Amnistía Internacional han cuestionado la falta de garantías procesales, las detenciones arbitrarias y la opacidad sobre las condiciones de reclusión. Amnistía dice que es independiente y que su trabajo se financia principalmente con las contribuciones de su membresía y con donativos. Sin embargo, sus propios registros muestran que ha recibido grants en los últimos diez años del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, de la Comisión Europea y del Departamento de Estado de Estados Unidos.
2. Human Rights Watch: Denunció severe prison overcrowding como resultado del CECOT y ha dicho que no hay razón para creer que las condiciones no son similares al resto del sistema penitenciario salvadoreño. Su directora para las Américas, Juanita Goebertus, ha reconocido que ningún grupo de derechos humanos ha tenido acceso para investigar las condiciones del CECOT. Human Rights Watch no tiene financiamiento transparente. En el año fiscal 2023-2024 tuvo ingresos totales por 101,8 millones de dólares y gastos por 119,4 millones. En 2022-2024 recibió 3,1 millones de dólares de Open Society Foundations y 1,2 millones de Ford Foundation entre 2021 y 2026. El multimillonario George Soros anunció un challenge grant de 100 millones de dólares en 10 años para expandir su presencia global. El propio Soros dijo: Human Rights Watch is one of the most effective organizations I support. La organización acepta dinero de fundaciones que a su vez reciben fondos gubernamentales, y según la auditoría de Transparify fue calificada entre las más opacas sobre sus fuentes de financiamiento.
3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana: Ambas han cuestionado las megacárceles y han pedido garantías procesales, pero su financiamiento está bajo sospecha. El documento Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada, publicado por el Global Center for Human Rights con sede en Washington, puso en evidencia de qué forma grupos de interés, empresas, grandes fundaciones e incluso gobiernos que no integran la OEA desarrollan lobby a través de aportes al Sistema Interamericano. La propia CIDH ha reconocido que su presupuesto regular no alcanza los 5 millones de dólares, equivalente al 6 por ciento del presupuesto de la OEA, mientras el Consejo de Europa destina el 41,5 por ciento a derechos humanos. Por insuficiencia, la CIDH ha buscado aportes directos de países miembros, observadores y cooperación internacional, es decir, donaciones condicionadas.

El patrón es el mismo: critican el desenchufado porque el relato del preso víctima es el que les garantiza informes, conferencias, donaciones de Open Society, Ford, Rockefeller, Tides y gobiernos europeos. Si la cárcel se vuelve una cárcel de verdad, sin enchufes, sin televisores y sin celulares, se les acaba el informe anual sobre tortura por falta de aire acondicionado.

LA NUMERALIA DEL ENCHUFE: LO QUE SALE DE UNA CELDA CON LUZ

1. Brasil - Luiz Inácio Lula da Silva: La fábrica del PCC. Brasil mantiene 705.872 personas en celdas. Solo entre 2025 y lo que va de 2026 han sido incautados 72.505 celulares dentro de penales: 47.339 en 2025 y 25.166 en 2026. Caso emblemático 2026: la Policía de São Paulo cumplió 13 órdenes de prisión y 23 allanamientos contra la célula jurídica del PCC que seguía operando desde cárceles federales de máxima seguridad. El fiscal Lincoln Gakiya lo resume: primero se infiltran en las cárceles, luego liberan a sus miembros y reclutan afuera.
2. México - Claudia Sheinbaum: El país donde la extorsión carcelaria está mapeada. 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión a través del 089. Han sido reportados 2.389 números, de los cuales solo se ha logrado bloquear el 33 por ciento. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el 6 de julio de 2025, el 089 recibió más de 102.800 reportes y se hicieron 730 revisiones en 275 centros penitenciarios. Caso: Santa Martha Acatitla en CDMX, donde tuvieron que bloquear totalmente 3G y 4G porque los inhibidores no servían.
3. Argentina - Javier Milei: El negocio de las extorsiones orquestadas desde la cárcel se afirmó como una actividad sistemática. El INPEC de Colombia lo midió mejor que el argentino: 14.097 llamadas originadas desde cárceles y 9.967 registros pedidos para bloqueo. En Argentina, 2025 cerró con 15 secuestros extorsivos, la cifra más baja en diez años, pero la propia fiscalía reconoce que desde las cárceles se organizan homicidios y amenazas. El problema no es el secuestro, es la extorsión telefónica diaria.
4. Perú - Keiko Fujimori: El laboratorio del gota a gota. Entre enero de 2024 y abril de 2026 hubo 53.958 denuncias por extorsión. Solo en 2025 se registraron 26.585 denuncias frente a 22.361 de 2024, un aumento del 19 por ciento. Entre enero y agosto de 2025: 18.385 denuncias, una cada 19 minutos. El INPE reporta 1.389 extorsionadores ingresados a cárceles, 287 con dos o más ingresos por el mismo delito. En Lima, la extorsión creció 50 por ciento y solo 11 de 295 presos por extorsión tienen sentencia firme.
5. Chile - José Antonio Kast: La extorsión importada. En 2021 se registraron 98 casos, en 2025 subió a 300. Entre 2025 y primer semestre de 2026, la Fiscalía cifró 814 secuestros en 18 meses, con la extorsión como principal motivo. En 2025 ingresaron 849 denuncias por secuestro y 394 solo en el primer semestre de 2026. Gendarmería documentó crecimiento sostenido de extorsiones dentro de cárceles chilenas entre 2015 y 2024. Caso: rescate de 500 millones de pesos exigido desde prisión.
6. Ecuador - Daniel Noboa: Más de 1.300 casos de extorsión hasta noviembre de 2025 solo en Quito y más de 255 por secuestro. En los primeros cuatro meses de 2025: 4.569 casos de extorsión, 692 secuestros y 417 secuestros extorsivos a nivel nacional. Guayaquil registró 787 alertas por privaciones de libertad entre enero y mayo de 2025, 43 por ciento más que el año anterior. En 2022 fueron 6.651 casos de extorsión, en 2023 saltó a 17.597, en 2024 a 20.293. En 2026 el ministro John Reimberg dijo que se evitó que 36 millones de dólares circularan en economías ilegales, pero la Policía confirma que en 2026 se descubrieron varias redes que operaban desde cárceles de Guayaquil, Manabí y Cotopaxi.
7. Honduras - Nasry Tito Asfura: La extorsión dirigida desde Támara. Caso emblemático de 2026: cinco personas enviadas a prisión por lavar más de 51 millones de lempiras provenientes de extorsión. El origen: un privado de libertad recluido en la penitenciaría de Támara dirigía cobros a comercios desde el interior. Las autoridades trasladaron a 35 privados de alta peligrosidad por llamadas extorsivas y preparan traslado de 90 más. En tres meses la Dirección Antiextorsión reportó 263 capturas. El 80 por ciento de las denuncias corresponde a maniobras para infundir miedo, pero los negocios pequeños han cerrado por miedo y la cuota de maras persiste con total impunidad.
8. Guatemala - Bernardo Arévalo: 3.800 pandilleros presos siguen dirigiendo homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores desde las cárceles, admitido por el director de la PNC ante el Congreso. Primer semestre de 2026: 8.769 denuncias de extorsión frente a 14.108 en 2025, caída del 37,8 por ciento pero con Q440 millones pagados por víctimas en 2025. Entre enero y julio de 2025: 18.670 denuncias, en el mismo periodo de 2026: 11.297, reducción del 39 por ciento que no es por inhibidores, es porque la gente dejó de denunciar.
9. Bolivia - Rodrigo Paz: El caso que resume todo: el 9 de enero de 2026 el expresidente Luis Arce fue sancionado con 15 días sin visitas tras ser sorprendido con un celular en la cárcel de San Pedro en La Paz. Si un expresidente mete un celular, qué no mete un reo común. Caso 2026 en Sucre: sujeto robaba celulares y luego llamaba a mujeres para exigirles fotografías desnudas a cambio de devolver el aparato.
10. Venezuela - Delcy Rodríguez: La cárcel como cuartel general. El Tren de Aragua nació hace 12 años en la cárcel de Tocorón, estado Aragua. Desde ahí operan extorsión, secuestro, gota a gota y trata. El gobierno tuvo que desplegar 11.000 agentes para intervenir Tocorón porque desde ahí operan grupos que extorsionan dentro y fuera de Venezuela. Hoy el Tren tiene presencia en al menos seis de los 24 estados de Venezuela y en cinco países de América Latina. Además de extorsión, controla préstamos ilegales gota a gota, microtráfico y secuestro.
11. República Dominicana - Luis Abinader: Caso Operación XL526 de 2026: 20 arrestados por extorsionar, chantajear y estafar desde Santiago a residentes en Estados Unidos. Se hacían pasar por miembros del Cártel de Sinaloa, extorsionaban en inglés y cobraban con criptomonedas. La estructura operaba de forma sistemática y organizada desde República Dominicana y movía fondos con lavado de activos.

Es evidente que una celda con un toma corriente es una oficina del crimen. Los reos pueden operar con la complicidad de autoridades, pero sobre todo, con el abastecimiento instantáneo de la corriente eléctrica para re-cargar sus móviles. Sin enchufes implemente no pueden operar. Y en el peor de los casos, las power banks serán una alternativa, pero al menos les dificultará sus operaciones, porque no tendrá energía para re-cargar las baterías.

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Especial CARIBE.MX

Prisiones o
Call Centers del Crimen

En América Latina, más de 20 sistemas penitenciarios son controlados por bandas que extorsionan y ordenan asesinatos. La solución no es bloquear la señal, es quitar el enchufe.

La anatomía del problema

"Mientras una celda tenga un tomacorriente, un televisor y señal de celular, no es una cárcel, es una oficina."

¡DESENCHUFAR!

Haz clic en el botón para ver el cambio radical.

LOS TRES QUE DESENCHUFARON

Solo tres gobiernos se atrevieron a aplicar la medida más elemental.

Nayib Bukele

El Salvador

El Modelo Original (CECOT)

• Nació sin enchufes.
• Control externo de luz/agua.
• Imposible cargar un teléfono.

Laura Fernández

Costa Rica

-1,661

-352

"¿Para qué tener tomacorrientes si no tienen que conectar ningún artefacto?"

Abelardo De la Espriella

Colombia

Retirado / Incautado:

1,997 elem. elec.

688 celulares

16.4kg droga

716 armas

"Menos privilegios, menos oportunidades de delinquir."

El Resto del Continente: Enchufados

Volumen de presos en países que se niegan a quitar los tomacorrientes.

RADIOGRAFÍA DE LA EXTORSIÓN

Brasil 🇧🇷

72,505 celulares incautados (2025-2026). El PCC sigue ordenando ataques. En 2023 revocaron norma que prohibía enchufes.

México 🇲🇽

El gota a gota opera con 1,500 cobradores. Solo bloquean el 33% de las líneas detectadas. Los inhibidores fallan (ej. Santa Martha).

Perú 🇵🇪

1 denuncia de extorsión cada 19 min. 1,389 extorsionadores presos, pero ni un solo televisor retirado por orden presidencial.

Venezuela 🇻🇪

Cuna del Tren de Aragua (Tocorón). Celdas equipadas con enchufes, televisores y conexión a internet.

Ecuador 🇪🇨

Extorsiones disparadas (20,293 en 2024). Retiran antenas clandestinas, pero no han ordenado desenchufar las celdas.

Rep. Dom. 🇩🇴

Bandas extorsionan a EE.UU. en inglés y cobran con criptomonedas desde la cárcel. Sin orden de desenchufar.

En todos ellos la historia se repite:

El inhibidor se instala, el guardia lo apaga, la antena clandestina aparece, el Starlink entra. El celular sigue cargado porque el enchufe sigue ahí.

EL NEGOCIO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Organismos critican las medidas radicales mientras protegen millonarios presupuestos financiados por terceros.

Amnistía Internacional

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Financiamiento

• Depto. de Desarrollo Int. (Reino Unido)
• Comisión Europea
• Depto. de Estado de EE.UU.

Calificó al CECOT como una "amenaza".

Human Rights Watch

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Presupuesto: $101.8M

• $3.1M de Open Society (Soros)
• $1.2M de Ford Foundation
• Calificada entre las más opacas en fuentes (Transparify)

Reconocen no haber investigado el CECOT pero denuncian "hacinamiento".

CIDH / Corte Interamericana

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Donaciones Condicionadas

Presupuesto regular: < $5M (6% de OEA).

Dependen de aportes directos, empresas, fundaciones y gobiernos externos que desarrollan lobby.

"Si la cárcel se vuelve una cárcel de verdad, sin enchufes, sin televisores y sin celulares, se les acaba el informe anual sobre tortura por falta de aire acondicionado."