Venezuela sigue marcada por Estados Unidos como país de tránsito de drogas
Soldados custodian paquetes de droga decomisada en un operativo al aire libre. La imagen ilustra el tráfico que Estados Unidos atribuye a las rutas que cruzan Venezuela y el Gran Caribe, país que Washington mantiene en su lista de tránsito pese a haberle retirado el sello de incumplimiento antidrogas.
Washington Washington renovó la lista de 23 naciones consideradas principales zonas de tránsito o producción de estupefacientes para el año fiscal 2027 y Venezuela permanece en ella. Aunque la Casa Blanca la retiró de la categoría más dura —la de incumplimiento demostrable de compromisos antidrogas—, el país sudamericano sigue clasificado por su geografía y por las rutas que conectan el Caribe con Miami. El matiz importa en una cuenca donde el narcotráfico, la migración y el despliegue naval estadounidense ya tensionan el comercio y la seguridad.
Washington, Estados Unidos.— Venezuela continúa en la lista de Estados Unidos de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas. Así lo establece la Determinación Presidencial para el año fiscal 2027, enviada al Congreso el 15 de septiembre y difundida el 16 por el Departamento de Estado, la cancillería estadounidense.
El documento identifica a 23 países. La inclusión no es, por sí sola, un veredicto sobre el gobierno de turno: la ley estadounidense la explica por una mezcla de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el paso de drogas o de precursores químicos. En esa misma relación aparecen México, Colombia, China, India y varios Estados del Gran Caribe, entre ellos Bahamas, Belice, Costa Rica, Haití, Jamaica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala y El Salvador.
Lo que sí cambió es una etiqueta más específica. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dejó de señalar a Venezuela como un país que “incumplió de manera demostrable” sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico en los últimos 12 meses. Esa marca, que Caracas arrastraba desde 2005, ahora recae sobre Afganistán, Bolivia, Birmania (Myanmar) y Colombia.
Trump atribuyó el alivio a la salida del poder de Nicolás Maduro, a quien Washington describe como dictador ilegítimo y narcotraficante, y a la cooperación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras aquel episodio. El texto cita como ejemplo la eliminación de Niño Guerrero, identificado como líder del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana con presencia en varios países de la región y en el sur de Florida. El propio presidente advirtió, no obstante, que espera “progreso continuo y cuantificable” contra esas redes y contra el tráfico hacia territorio estadounidense.
El contraste con Colombia es deliberado. Bogotá permanece en la lista de incumplimiento, aunque la Casa Blanca deja abierta una revisión si el nuevo mandato de Abelardo de la Espriella, presidente electo que prometió una ofensiva contra los cultivos de coca, muestra resultados en erradicación y desmantelamiento de redes. En Bolivia, Washington apunta a más cooperación con las nuevas autoridades y sostiene que la asistencia a La Paz, Bogotá y Rangún sigue siendo vital para sus intereses de seguridad.
El informe pide al gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, profundizar el control de precursores químicos y la lucha contra la corrupción. También reclama a China controles más estrictos sobre las cadenas de fentanilo y drogas sintéticas que abastecen el mercado estadounidense.
Para el Gran Caribe, el titular que circula en otras redacciones —la “salida” de Venezuela de una lista— no borra el mapa. El país sigue marcado como corredor. Esa calificación alimenta la presión policial y diplomática sobre las mismas aguas por las que cruzan turismo, energía, remesas y migrantes hacia las Antillas, Centroamérica, México y los puertos de Miami.
En ese contexto, la Comunidad del Caribe (Caricom), el bloque de integración de 15 Estados miembros, ha pedido a Washington que cualquier operación militar cerca de Venezuela no se decida sin consulta y no ponga en riesgo la estabilidad regional.
La certificación antidrogas opera, otra vez, como palanca política. Venezuela deja atrás el sello de incumplimiento, pero no el de ruta. En la cuenca, esa diferencia cabe en un comunicado; en la práctica, las lanchas, los precursores y las redes criminales siguen usando el mismo mar.