Madres buscadoras y colectivos exigen alto a la impunidad y omisiones institucionales en Quintana Roo

Cancún, México.— Integrantes del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo y del Colectivo Femenil Ixtabay encabezaron una rueda de prensa en Plaza Delfines, en la ciudad de Cancún, para denunciar severas omisiones, negligencias y simulación por parte de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y diversas instancias gubernamentales en la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a víctimas de delitos graves.

“Continuamos con nuestros familiares desaparecidos”: la voz de las madres

Durante el encuentro con los medios de comunicación, las madres buscadoras expresaron su indignación ante la falta de investigación y el abandono de los expedientes por parte de las autoridades. Una de las activistas e integrantes del colectivo denunció abiertamente la inacción oficial:

“Continuamos con nuestras diligencias y omisiones por parte de las autoridades. Continuamos con nuestros familiares desaparecidos y las autoridades no están haciendo nada para buscarlos. Tenemos bastantes desaparecidos en el colectivo que han dejado de buscar, tanto como las autoridades que no están haciendo su trabajo, y ese es uno de los motivos por los cuales al menos a mí me mantiene el día de hoy levantando la voz por ellos, levantando la voz por mi hija”, afirmó.

Asimismo, las integrantes señalaron a los jueces federales de distrito por otorgar amparos que favorecen a personas imputadas, dejando a las víctimas en estado de indefensión y obligando a la reposición de procesos que revictimizan a las familias.

Denuncian “sentencias de juguete” e impunidad en delitos sexuales y digitales

Acompañadas por la asesora jurídica Ariadne Song, representantes y víctimas acudieron para visibilizar la violencia procesal e institucional:

Violencia Digital (Ley Olimpia): Areli, víctima que obtuvo la segunda sentencia por este delito en la entidad, denunció que la Fiscalía anunció el caso como un avance histórico, ocultando que a la agresora se le dictó la pena mínima de 4 años y 10 días, lo cual le permite conmutar la condena y mantenerse en libertad. “A la tercera instancia le pido que, si ya está más que claro, dejen de jugar y hacer más cansado este proceso por revictimizarme tanto y tantas veces. A todos les dan voz menos a mí”, expresó Areli, quien enfatizó haber luchado durante 5 años sin apoyo de las instituciones.

Violación y corrupción de servidores públicos: Wendy, víctima de violación por parte de un funcionario del Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos (IEA) en Chetumal, reveló que un asesor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavcro) intentó sobornarla con 20,000 pesos para que retirara sus denuncias. Wendy exigió que su audiencia programada para el 5 de noviembre sea presencial para contar con acompañamiento psicológico:

“No es un abuso sexual, es violación... Si estoy aquí, si tengo la necesidad de salir, de dar la cara, demostrar quién soy y demostrar la valentía, es porque no quiero que lo que a mí me pasó le pase a más mujeres y a más infancias”, enfatizó.

Llamado a las autoridades y denuncias por amenazas a defensoras

La abogada Ariadne Song, quien representa a más de 350 víctimas en el estado, denunció que tanto ella como diversas activistas enfrentan amenazas de muerte continuas debido a las denuncias promovidas contra funcionarios y agresores. Ante esto, las manifestantes hicieron un llamado a la gobernadora Mara Lezama y a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Esther Burgos, para frenar la “sororidad selectiva” y garantizar un acceso real a la justicia sin simulación política.